En el Perú el sector agropecuario emplea al 25% de la población económicamente activa (PEA). Con este solo dato podemos darnos cuenta de la importancia social y económica que tiene este sector en nuestra sociedad.
Por Guillermo Dulanto. 15 mayo, 2018.
Según el último Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) existen 2,2 millones de productores agropecuarios que utilizan 7,1 millones de hectáreas a nivel nacional. Los terrenos para uso exclusivamente agrícola suman cerca de 5,8 millones de hectáreas, de las cuales solo 35.2% se encuentran bajo riego. Según la FAO, el Perú es uno de los países de América Latina que tiene menor tierra de cultivo en relación con su superficie territorial total (3,5%) y menor relación de hectárea por habitante (0,15).
En adición, el sector agropecuario representa casi el 8% del PBI y tiene una productividad 4,3 veces menor que el resto de sectores productivos, aunque el moderno sector agroexportador sí destaca por su mejor tecnología y mayor producción (el año 2017 se consolidó como la segunda actividad económica, generadora de mayores divisas para el país, llegando a los 6,3 mil millones de dólares).
Pero también existe un fuerte vínculo entre el sector rural, la población dedicada a la producción de alimentos y los niveles de pobreza, evidenciando una diferencia muy marcada entre un sector moderno y pujante de la agricultura y otro sector atrasado y en retroceso. La realidad nos muestra que aquellos productores que tienen menos de 5 hectáreas, y que representan el 82% de las unidades agropecuarias son dependientes exclusivamente de la agricultura, destinando el 60% de su producción para autoconsumo. El 68% de estas unidades agropecuarias se ubican en la sierra peruana, donde es muy difícil introducir tecnología mecanizada y mantienen bajos niveles de productividad. Por otra parte, el sector agropecuario presenta, según Comex, una brecha de infraestructura cercana a los 7000 millones de soles, básicamente en infraestructura hídrica, y una ausencia de investigación agrícola que implicaría dotar de mayor presupuesto al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Visto este panorama es fácilmente entendible que se requiere seguir apoyando el crecimiento de las unidades agrícolas dedicadas a la agroexportación (que pasaron de exportar 240 millones de dólares en 1993 a exportar 6.3 mil millones de dólares en 2017), y, también, se requiere apoyar el desarrollo de las unidades agrícolas con menor nivel de productividad. En ambos casos el crédito agrícola es un elemento clave para llevar a cabo esas políticas. Según el Cenagro, cerca del 68% del total de productores agrarios del Perú requieren algún tipo de crédito, para diferentes etapas de sus cadenas productivas. Sin embargo, el acceso del crédito para los agricultores de menores recursos es bastante limitado.
No es un problema exclusivamente de Perú; en el contexto mundial solo el 1% de los préstamos bancarios se destinan al sector agropecuario. En nuestro país, el sistema financiero destina un porcentaje ligeramente mayor pero evidentemente insuficiente. Los datos porcentuales de préstamos al sector agropecuario del total de préstamos de cada entidad, a marzo de 2018, son los siguientes: Banca Múltiple (2,66%), Empresas Financieras (4,85%), Cajas Municipales (5,13), Cajas Rurales (9,22%), Edpymes (1,85%). Las Cooperativas, que salen de este sistema, destinan el 8,4% a créditos agropecuarios.
Otras fuentes de financiamiento en el sector agropecuario, y que no están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), son los Organismos No Gubernamentales (ONG) que disponen de fondos internacionales, y el Estado peruano a través del ente rector del sector: Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), y sus entes adscritos: Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), INIA, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Sierra y Selva Exportadora (SSE); y los Programas que dependen del despacho viceministerial de desarrollo e infraestructura agraria y riego: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Programa de Compensación para la Competitividad (Agroideas). También el Estado dispone de una banca de fomento: Banco Agropecuario (Agrobanco), que siempre se encuentra en permanente reestructuración.
Adicionalmente, se cuenta con una banca de “segundo piso”, básicamente a través de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) con sus programas de inversión: MicroGlobal, Probid/Propem, Programa inclusivo de desarrollo empresarial rural (Prider), Fimex/FIEX, Ccofigas, Capital de Trabajo a Corto y Mediano Plazo, Fondemi, Programa Crédito Subordinados (Apoyo a la ampliación del financiamiento a las Mypes), entre otros. Para terminar con la lista de la descoordinada y desconcentrada (no descentraliazada) lista de intervención pública, tenemos al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), Programa Nacional de apoyo a los más pobres (Juntos), Mi Chacra Productiva, y Proyecto CAT (Minagri/SBS/Munich RE. Todos con fondos públicos, actuando de manera ineficiente y superpuesta a la actuación de los gobiernos regionales y locales.
La agricultura moderna (agroexportación) muchas veces accede a los créditos por su mayor rentabilidad, eficiente estructura empresarial, calidad de sus activos y menor exposición al riesgo; el gran problema de acceso al crédito es para los pequeños y medianos agricultores, generalmente vinculados a la agricultura tradicional. Aquí es importante indicar cuáles son los criterios que toman en cuenta los oferentes de crédito en el mercado financiero formal para que los productores se adecuen a ellos y Estado pueda establecer sus políticas de crédito en este sector.
Diversas investigaciones sugieren que las principales variables para el otorgamiento de un crédito son las siguientes: porcentaje de tierras bajo riego, rentabilidad de la actividad productiva, uso de tractor o tecnología mecanizada, disponibilidad de insumos que implique sostenibilidad de la producción, tipo de capacitación permanente, nivel de educación del productor, tamaño de la familia, entendiendo que si es mayor existirá más apoyo a la producción, nivel de asociación entre de los productores de la zona, entre otras más. Lo que resulta curioso en los diferentes estudios es que la variable título de propiedad de la tierra no es tan relevante, dado que las entidades financieras entienden que su negocio no es el mercado de tierras en el caso tengan que ejecutar la garantía.
De esta manera podemos concluir que para cerrar la brecha existente entre la agricultura moderna y la agricultura tradicional debemos buscar la forma de incrementar el crédito a los productores, y en esta tarea todos los actores involucrados tienen una cuota de responsabilidad.
El Estado como representante de la sociedad debe ser más eficiente para no desperdiciar los escasos recursos públicos que tenemos, el sistema financiero debe revisar su esquema de evaluación de riesgo del sector agrícola, y los agricultores deben adquirir prácticas eficientes de producción y, como dijo Fernando Cillóniz en el Siagro 2018, desarrollado del 8 al 10 en la UDEP, retomar valores personales básicos en toda actividad humana.
